¿QUIEN GOBIERNA?

El pasado 14 de enero vecinos de la localidad de Hersilia denunciaron la presencia de un vehículo fumigador esparciendo agrotóxicos aproximadamente a 200 metros del ejido urbano, siendo que la misma cuenta con una ordenanza que prohíbe hacerlo a menos de 800 metros. La actividad ilegal no fue detenida por la policía. Al finalizar sin inconvenientes la macabra tarea, el vehículo comenzó a retirarse con luz de luna por un camino alternativo donde sí fue interceptado por las autoridades.

La acción policial no pudo ocultar, no obstante, la completa falta de instrucción del personal acerca del modo de encarar situaciones como la relatada, no obstante la frecuencia de su ocurrencia, o de cómo tomar muestras o preservar la prueba, mucho menos de la tipificación de la conducta de quien esparce productos contaminantes como los llamados "fitosanitarios" al ambiente (aunque la ley 24051, aplicable al caso, supere ya los 20 años de vigencia).

Denuncias similares se registraron en lo poco que va de enero en otras localidades como Alvear, Arroyo Seco, Desvío Arijón, San Fabián, Humberto Primo, Barrancas, Ibarlucea o aun en San Nicolás (Bs. As.), sin más alternativas para las víctimas que pedir auxilio a otras víctimas, con sus hijos afectados a cuestas o ellos mismos portando graves enfermedades. Casi no hay autoridad que los atienda. 

La ola de calor que invadió la pampa no fue obstáculo para que los empresarios agropecuarios fumigaran a diestra y siniestra, no obstante que TODOS los trabajos científicos (aun de los operadores mejor pagos de las multinacionales) desaconsejan dicha actividad con temperaturas superiores a los 25º porque buena parte de las gotas se evaporarán antes de tocar el suelo. No hay que esforzarse para imaginar el tamaño de las nubes tóxicas cuando las temperaturas se acercan a los 40º como en estos días.

Al mismo tiempo y bajo la misma pasiva mirada de la administración se exhiben sin pudor montañas de bidones usados con restos de veneno evaporándose, diseminados "a campo" cuando no en medio de ríos, arroyos o cunetas, que "sólo ven" los vecinos o medios y periodistas comprometidos. 

Campea la indiferencia -cuando no la negación- en la mayoría de Jueces, Fiscales y Funcionarios electos mientras crece la epidemia de enfermedades, mortales en muchos casos, provocada por los agrotóxicos, con la misma cerrazón mental con la cual, años atrás, los voceros de las tabacaleras negaban la peligrosidad del cigarrillo, con el agravante que fumar es una decisión propia.

Muy distinta es la disposición a la hora de atender los "reclamos" de los agronegociantes, como pudo verse recientemente en Funes (Santa Fe), cuyas autoridades, sin sonrojarse, aplazaron "hasta marzo" la aplicación de una ordenanza que aleja las fumigaciones 500 metros del radio urbano, por pedido de los "productores" (para poder terminar con las fumigaciones de la campaña de soja transgénica, debe leerse). 

La salud puede esperar, como bien sabemos los pueblos fumigados. Alcanza con ver las escasas pero elocuentes estadísticas realizadas por médicos de pueblo, facultades de ciencias médicas y ministerios de salud, aunque "rebatidas" ¡por ingenieros agrónomos y ministerios "de la producción"! 

La falta de compromiso con la salud de parte la administración santafesina en general queda nuevamente evidenciada y aquél modesto proyecto presentado en la Cámara de Diputados por los Pueblos Fumigados con firma de cinco legisladores (Tessa, Mascheroni, Urruty, Rico y Di Bert) cobra relevancia hoy, cuando se denuncian fumigaciones aéreas o enfermando poblaciones con "mosquitos" cerca de las viviendas, en tanto prohibía las primeras y alejaba 800 metros las segundas e igualmente imponía a las empresas productoras ser receptoras de los envases usados -residuos peligrosos- que las mismas introdujeron al ambiente.

No es casual, entonces que dicho proyecto "duerma" desde hace 8 meses en la comisión de agricultura, integrada por agronegociantes que ni siquiera atinan a excusarse, no obstante el evidente conflicto de intereses. 

Lo hasta aquí expuesto sobre las acciones y omisiones de las fuerzas de seguridad, de los distintos poderes ejecutivos y sus dependencias como de las cámaras legislativas en temas tan sensibles para la población y de indudable relevancia, plantea una pregunta inquietante: ¿Quién gobierna realmente?

CAMPAÑA PAREN DE FUMIGARNOS – SANTA FE.

Santa Fe, 18 de enero del 2014.

Comunicado de prensa

REPUDIO DE LA CAMPAÑA PAREN DE FUMIGARNOS DE SANTA FE AL ATAQUE AL ACAMPE DE MALVINAS ARGENTINAS.

La Campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe repudia el cobarde ataque perpetrado por asalariados de MONSANTO contra ciudadanos que ejercitando sus legítimos derechos a la defensa de la salud y la vida se encontraban frente al predio ocupado por esa empresa, en el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba.

Privilegiar intereses económicos y coloniales por sobre la salud y la vida de compatriotas poniendo en riesgo la paz social, agravado por la participación de fuerzas policiales pagadas para preservarla, desnuda el grado de descomposición de administraciones provinciales convertidas en alcahuetes de corporaciones multinacionales con antecedentes prontuariales que sobrarían para encarcelar a cualquier ciudadano común.

Reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento con los héroes de Malvinas y nuestro compromiso de acompañar su lucha que también es la nuestra, para frenar esta nueva oleada invasora, en defensa de intereses superiores como la salud, la vida y la soberanía nacional.-

*FUERA MONSANTO DE MALVINAS, DE ARGENTINA Y DE AMERICA LATINA

*FUERA LOS OPERADORES DE LAS MULTINACIONALES DE LOS DESPACHOS PÚBLICOS PROVINCIALES Y NACIONALES

*JUICIO Y CASTIGO A LOS TRAIDORES A LA PATRIA

CAMPAÑA PAREN DE FUMIGARNOS - SANTA FE

EL RECHAZO SOCIAL A MONSANTO

¿QUIENES SON LOS VIOLENTOS?

“Se trata de una decisión política. Lo central en el pensamiento de la gente es la desconfianza en la empresa. Aunque Monsanto haga modificaciones y un nuevo estudio de impacto ambiental, la decisión es no habilitar la planta porque corre riesgo la convivencia y la paz social.”

Con estas palabras sostuvo el intendente de Rio Cuarto su decisión contraria al funcionamiento de una planta de la corporación multinacional Monsanto en esa ciudad.

El posicionamiento de las más altas casas de estudio de la provincia de Córdoba y particularmente la de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, expresando públicamente su desacuerdo respecto de "la instalación de empresas multinacionales del monopolio del agronegocio" sin duda contribuyó a formar la convicción del dirigente político, con el oído puesto en su pueblo.

En contraste, su par de Malvinas Argentinas haciendo oídos sordos a la más democrática de las demandas: una consulta popular que oficializaría idéntico rechazo, muestra su dudoso grado de interés en la preservación de “la convivencia y la paz social”. Similar actitud muestran, por acciones y/u omisiones judiciales, Altos Tribunales integrados por magistrados y magistradas que exhiben sin pudor –ni excusación- conflictos de intereses personales, sospechados de corrupción y/o nepotismo. 

El resultado era previsible: emblemas de la resistencia comienzan a ser objeto de persecuciones y agresiones cuyo remate fue el ataque a Sofía Gatica, al fin de su jornada laboral, el pasado viernes 22 de noviembre.  

La persecución política de la que son objeto estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral por haberse atrevido a promover un acto público en defensa de legítimos intereses de la universidad, se inscribe en la misma estrategia de silenciamiento de toda expresión que obstaculice de algún modo los planes que los neocolonizadores establecieron para nuestro país y la región en particular, con consecuencias sociales, sanitarias y ambientales cada vez más graves y evidentes. No fue casualidad que en dicho acto también participaron vecinos de Malvinas Argentinas y la misma Sofia, con el fin de repudiar la charla que la empresa Monsanto llevaría adelante en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe (FIQ).

Los científicos señalan que todos los indicadores que podamos construir, aun los de los cenáculos del Poder Hegemónico, confirman que Latinoamérica y el Caribe y el planeta en general están inmensamente más pobres que en los ’70. Nada mas ver la aceptación de financiamiento para emprendimientos universitarios y de investigaciones provenientes de empresas globalizadas que arrasan la biodiversidad natural y la diversidad cultural con sus explotaciones mineras y agrarias transgenizadas.

En consecuencia los comprometidos ciudadanos y estudiantes que emprenden acciones tendientes a revertir esta tendencia, en recta interpretación de nuestra Carta Magna por la defensa de la soberanía, la salud, el ambiente y la independencia nacional no sólo no debieran ser perseguidos sino además especialmente resguardados de toda forma de violencia y/o censura directa o indirecta.

Secuelas de la espiral de violencia y tecnocracia desatada durante los años de plomo todavía persisten en nuestro país, como para estimularla desde la institucionalidad política o universitaria.

La campaña Paren de Fumigarnos y los Pueblos Fumigados de Santa Fe expresan su solidaridad con Sofìa Gatica, las asambleas que sostienen el bloqueo a MONSANTO, la Agrupación Martín Fierro de la FIQ de Santa Fe y con todos los que ejercen sus legítimos derechos, reclamando no sólo el cese de su persecución, criminalización, violencia o cualquier modo de proscripción del pensamiento crítico sino también la protección institucional de su ejercicio.

SOLIDARIDAD CON SOFIA GATICA Y ASAMBLEAS EN MALVINAS ARGENTINAS

SOLIDARIDAD CON LA AGRUPACION MARTIN FIERRO DE LA FIQ

FUERA MONSANTO DE CORDOBA, SANTA FE Y ARGENTINA.

LIBERTAD DE EJERCICIO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

PROTECCIÓN INSTITUCIONAL DE TODOS Y TODAS Y CESE DE LAS PERSECUCIONES

Campaña PAREN DE FUMIGARNOS - Pueblos Fumigados de Santa Fe.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2013.-

Para mas información:

Roberto Pozzo – 3424538645 -

Fernando Albrecht – 3491509043 -

Carlos A. Manessi – 3426145532 -

Encuentran glifosato en 45 por ciento de europeos analizados

Desde Berlín, Alemania
Un químico de la industria agrícola, potencial carcinogénico, es hallado en el cuerpo de 45 por ciento de habitantes urbanos analizados en Europa. El producto en cuestión: glifosato, el agroquímico más utilizado en todo el mundo. La organización Amigos de la Tierra (AdT) realizó evaluaciones en orina para rastrear residuos de este principio activo (comercializado masivamente bajo el nombre Round-Up de la empresa Monsanto). Fueron estudiados ciudadanos de 18 países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos el 88 por ciento dio positivo, mientras que en Gran Bretaña, Alemania y Polonia un 70 por ciento de las personas estudiadas presentaban rastros de glifosato en su orina. AdT analiza el posible vínculo con la producción sojera en Sudamérica.
 <http://leonardorossi.files.wordpress.com/2013/11/dsc_0064.jpg>

“Cuando aparecen estudios independientes no los aceptan” (Heike Mondelhauer)
La estrella de la industria
Con esta información, la organización ambientalista se pregunta ¿de dónde surge esa presencia del químico en los cuerpos de los europeos? Por un lado busca conocer el grado de presencia de este producto en el ambiente, causado por el propio uso que hace la industria agrícola de ese continente. Y en otra línea se intenta determinar el nivel de glifosato que puede estar incorporándose de forma indirecta a través de la ingesta de ganado alimentado a base de soja transgénica importada, que es tratada con ese agroquímico. Argentina, Brasil y Paraguay son algunos de los países que abastecen la demanda europea de esta oleaginosa.
“La Unión Europea no publica datos sobre el uso de los plaguicidas individuales, por lo que es difícil saber cuánto glifosato está siendo utilizado por los agricultores (locales)”, plantea la ONG en sus informes. Pero por ejemplo, Alemania aplica glifosato en 4,3 millones de hectáreas, el 39% de su área cultivada.
Este agroquímico, patentado en 1970 por la multinacional de origen estadounidense Monsanto, es el más vendido en todo el mundo: 6,5 mil millones de dólares en 2010, más que la suma de todo el resto de los químicos de la industria agrícola. En 2011, agrega AdT en sus reportes, se utilizaron en el mundo cerca de 650.000 toneladas de glifosato. Este herbicida se utiliza para limpiar los campos de “malezas” (como llaman las empresas a la especies que crecen  naturalmente) antes de la siembra. También se emplea durante el desarrollo de un cultivo en casos como el de la soja genéticamente modificada (RR) que es tolerante a este herbicida. Mientras el resto de las especies mueren, la soja RR continúa su evolución.
Las empresas juegan de local
En 1991 se armoniza la legislación para aprobar los plaguicidas en la Unión Europea. Bajo el marco de la directiva 414/91 queda aprobado el uso del glifosato, aunque ya era utilizado desde la década del 70. En 2002 recibe una aprobación por diez años de parte de la Comisión Europea.
Amigos de la Tierra denuncia que “la aprobación de glifosato 2002 se basó en un expediente de prueba presentada por Monsanto”, entre otras empresas de la industria química. El informe quedó bajo análisis del organismo predecesor de la Oficina Federal Alemana de Consumidores Protección y Seguridad Alimentaria. Esta institución actuó como interventor entre las autoridades de la UE y la industria. En 1999, la oficina “elaboró ​​un informe favorable al glifosato y esto allanó el camino para la aprobación completa en 2002”. Desde entonces, este producto es utilizado  en la agricultura, la silvicultura, y en espacios públicos rurales y urbanos de Europa.
Dentro de las oficinas de Amigos de la Tierra en Berlín no dejan de cuestionar ese proceso de aprobación y se preparan para la próximo regulación, que se definirá en 2015. En diálogo con este cronista, Heike Moldenhauer, coordinadora del Equipo Agrario, apunta un dato clave: “Por las normativas europeas, es la industria la que elige qué país hace la aprobación”. Para el glifosato, Monsanto optó por Alemania que “tiene la industria química más poderosa de la región”. La agencia recibe datos a favor y en contra del producto, pero –asegura Moldenhauer— “cuando aparecen estudios independientes no los aceptan”. Luego la agencia alemana eleva los estudios a la UE, a la European Food Agency.
La aprobación del glifosato tenía validez por diez años, es decir, vencía en 2012. “Ridículamente las agencias dijeron: ‘no tenemos capacidad para evaluar’. Y dieron tres años más de licencia”.
En 2015 será la próxima. Frente a este nuevo proceso, AdT exige protocolos de prueba que sirvan para detectar los efectos adversos en la salud como por ejemplo las alteraciones endocrinas, toxicidad crónica, carcinogenicidad y efectos reproductivos (estudios multi-generacionales). Otro punto crítico es la necesidad de evaluar dosis realistas. Por ejemplo, la combinación de productos químicos tal como se utilizan en la práctica agrícola real, algo que no fue contemplado por la Comisión Europea en 2002. Y en el mismo sentido, la organización ambientalista reclama que se estudie el impacto sanitario en el largo plazo, “en lugar de la práctica actual de las pruebas de dosis muy altas en escalas de tiempo cortas”.
¿De dónde llega el glifosato?
Lo llamativo del estudio de Amigos de la Tierra es que los grupos de personas elegidas en cada ciudad, diez aproximadamente, no habían manipulado o utilizado glifosato en el período previo a las pruebas. Por ese motivo también se indaga acerca de la presencia del agrotóxico en la dieta diaria de los europeos. En Alemania un estudio “encontró residuos de glifosato en la cebada de hasta 23 mg por kilo”, apunta un informe de AdT.
La otra posible vía de ingesta de glifosato es la carne. Alemania importa soja transgénica, tratada antes y durante la siembra con glifosato, de Brasil, Argentina y Paraguay para alimentar ganado (porcino y vacuno) y aves. Unas 2,2 millones de hectáreas de soja son cosechadas cada año en estos tres países para abastecer la demanda alemana (datos de la WWF), aporta Thomas Fritz, investigador del FDCL, organización con sede en Berlín abocada, entre otros tópicos, a la problemática agraria en América Latina y su vínculo con el modelo alimentario europeo.
 <http://leonardorossi.files.wordpress.com/2012/07/desmonte-afueras-de-ac3b1atuya.jpg>

AdT busca vínculos entre la producción agraria en sudamérica y la presencia de glifosato en ganado europeo.
El límite para residuos de glifosato en la soja es de 20 miligramos por kilo, “pero no hay pruebas de la UE de residuos de glifosato en las importaciones de soja”, critica AdT. “La probabilidad de que exista ‘una exposición ganadera significativa al glifosato y sus metabolitos’ ha sido reconocido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.”
Información silenciada
Frente al discurso de la inocuidad que la plantea la industria química, experimentos con animales advierten que cuando se consume glifosato, “15 a 30 por ciento del producto es absorbido en el cuerpo, y se puede distribuir en la sangre y los tejidos, así como también es capaz de atravesar la placenta durante el embarazo”.
En la salud humana, se ha probado que el glifosato “bloquea los receptores para las hormonas sexuales masculinas, mientras que los herbicidas a base de glifosato reducen la producción de testosterona en las células reproductivas masculinas”, recupera AdT en base a bibliografía científica. Tanto el glifosato como el Roundup, la fórmula comercial, tienen efecto sobre las células embrionarias humanas “’lo que lleva a los investigadores a la conclusión de que la exposición puede afectar a la reproducción humana y el desarrollo fetal’”. Entre otros científicos se citan trabajos del investigador francés Gilles Éric Séralini.
El origen de la cadena tóxica
La preocupación aumenta frente a otro estudio publicado en octubre de este año por Test-Biotech (Alemania) realizado en Argentina. En abril de 2013, esta organización tomó muestras de soja de campos argentinos, más precisamente en la provincia de Salta. Los resultados mostraron un “alto contenido de residuos (de glifosato) de hasta casi 100 miligramo por kilo”. En siete de las once muestras, analizadas en un laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, “el nivel era más alto que el límite máximo de residuos de 20 miligramos (de glifosato) por kilo” permitidos en los productos de soja utilizados para alimentos y piensos. Los resultados fueron confirmados en un segundo análisis, advierte Test-Biotech.
Desde Argentina también se viene analizando el impacto sanitario de los agroquímicos. En base a datos de la industria, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de Argentina reporta que el glifosato es el agrotóxico más utilizado en el país y concentra el 64 por ciento del total de las ventas. En la última campaña se aplicaron 200 millones de litros de glifosato, las dos terceras partes del total de agroquímicos en circulación. Monsanto es responsable del 40 por ciento de la comercialización de este producto en nuestro país, según manifestó su vice-presidente Pablo Vaquero (Los dos mundos de Monsanto, 1 de septiembre de 2013, La Voz del Interior).
Coincidentemente con la zona de estudio de Test-Biotech, la red médica denunció que en regiones del norte argentino, Salta por ejemplo, “no existen condiciones climáticas en primavera-verano (época de los cultivos) para concretar una correcta aplicación de agroquímicos tal como recomienda la FAO -Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-. Es decir que al problema de la residualidad del agrotóxico se suma el impacto ambiental y sanitario en la zona fumigada. “Nunca se registran menos de 25 grados centígrados de temperatura y los niveles de humedad y viento hacen que todas las fumigaciones estén fuera de las normas internacionales” (El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente, junio 2013).
Con toda esta documentación, Amigos de la Tierra solicita que la UE y los gobiernos nacionales “inicien inmediatamente un programa de monitoreo para el glifosato en los alimentos y los piensos, incluidos los cultivos de alimentos para animales importados, como la soja transgénica”. En otra línea también reclama estudiar los niveles de glifosato en sistemas acuáticos y suelo. Aclara AdT que los resultados de estos análisis “deben ser puestos a disposición del público” para terminar con el oscurantismo que rodea los procesos de evaluación de estos productos.